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El Máximo Tribunal consideró que había vencido "el plazo razonable" para el proceso y en consecuencia sobreseyó al exministro, que en su momento había sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión. Se investigaba si se usaron fondos reservados de la SIDE para repartir entre funcionarios del Ejecutivo como gastos protocolares, compensaciones y sobresueldos.
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